Nuestra obra de la Misericordia consiste en atender las necesidades de los que sufren allí donde se encuentren: alimentar a hambrientos, acoger a las personas sin techo, visitar a enfermos y a encarcelados. Pero la Misericordia también exige que se preste atención al pecado estructural y a las causas profundas de la pobreza y la injusticia, incluso la defensa de mejores políticas y leyes para apoyar a los más vulnerables.
Temas legislativos prioritarios:
- Clima
- Extractivismo
- Derechos de voto
- Violencia armada
- Políticas de la Administración sobre el trato a los inmigrantes
- Protección de la inmigración y vía de acceso a la ciudadanía
- Gasto del Pentágono
- Reforma de la justicia penal
- Derechos humanos
He aquí un resumen de la legislación y las acciones que el Equipo de Justicia de la Misericordia está observando actualmente y fomentando la defensa, en particular en torno a los Asuntos Críticos.
Clima
Más de 450 activistas de la Misericordia firmaron una carta dirigida al Presidente Biden antes de la 28ª sesión de las negociaciones internacionales sobre el clima (COP 28) en Dubai (Emiratos Árabes Unidos). La carta instaba a la delegación estadounidense en las conversaciones a impulsar acuerdos firmes para recortar rápidamente las emisiones y mantener el calentamiento global en no más de 1,5 grados. Las conversaciones concluyeron con un llamamiento a abandonar los combustibles fósiles.
El Equipo de Justicia y sus socios religiosos se reunieron con las oficinas del Senado en la segunda mitad de 2023 para compartir nuestras esperanzas y preocupaciones sobre la «reforma de los permisos», que reduciría al mínimo el tiempo que tardan los proyectos energéticos en pasar por el proceso regulador. Apoyamos que se aceleren los proyectos de energías renovables y la construcción de líneas de transmisión para transportarlas, pero eso conlleva el riesgo de minimizar las revisiones de los proyectos de combustibles fósiles que contribuyen a la crisis climática y contaminan las comunidades cercanas. Abogamos por la consulta a las comunidades locales, la protección de la extracción de los minerales necesarios para la transición energética y la financiación para ampliar la capacidad de personal de las agencias federales a fin de permitir revisiones exhaustivas y oportunas.
La Ley FOREST, que prohibiría la importación de productos procedentes de la deforestación ilegal, se volvió a presentar a finales de noviembre con apoyo bipartidista tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. La campaña Encuentro Católico fue decisiva para animar al senador Mike Braun (republicano de Indiana) a firmar como copatrocinador original.
Extractivismo
El Equipo de Justicia inició una carta de adhesión de organizaciones religiosas en apoyo de la Ley de Reforma de Minerales para una Energía Limpia (CEMRA) y en oposición a la Ley de Claridad Reguladora de la Minería (MRCA), antes de una audiencia en el Senado. La CEMRA pretende actualizar la ley minera de 1872 exigiendo a las empresas el pago de cánones por la explotación minera en terrenos públicos y la limpieza tras sus operaciones; También permite a los organismos federales prohibir la minería en terrenos públicos que sean especialmente sensibles desde el punto de vista medioambiental o sagrados para los pueblos indígenas. La MRCA codifica en ley la práctica de las empresas de utilizar terrenos públicos adyacentes a sus explotaciones mineras para oficinas administrativas y vertido de residuos mineros; A los defensores les preocupa que las empresas puedan «reclamar» tierras sin minerales valiosos e impedir que se utilicen para otros fines, como proyectos de energías renovables.
Derechos de voto
El Congreso reintrodujo la Ley de Libertad de Voto y la Ley de Avance del Derecho al Voto John R. Lewis, pero hay pocas probabilidades de que estos proyectos de ley avancen este año. El Equipo de Justicia ha apoyado un paquete más modesto de proyectos de ley que, entre otras cosas, garantizarían que el material electoral esté disponible en varios idiomas, ampliarían el acceso al voto de las personas sin vivienda, limitarían las colas de espera para votar y garantizarían el acceso al voto de los jóvenes. El Equipo de Justicia también apoya un proyecto de ley que restablecería el derecho de voto en las elecciones federales a las personas condenadas por un delito grave.
Violencia armada
La Misericordia apoyó la recientemente aprobada legislación histórica destinada a la prevención de la violencia armada tras los tiroteos masivos en Búfalo y Uvalde. Este proyecto de ley ofrece intentos integrales de reforzar las leyes de armas del país en casi treinta años:
- fortalece la verificación de antecedentes de compradores de armas menores de 21 años
- proporciona $750 millones para ayudar a los estados a aplicar las leyes de Bandera Roja
- elimina el «vacío del novio» al desarmar abusadores, aunque no estén casados
- establece las primeras leyes federales contra el tráfico de armas a través de las fronteras estatales y las ventas con intermediario
- proporciona $250 millones para financiar programas de prevención de la violencia en la comunidad basados en evidencia
- amplía las medidas de seguridad escolar y los servicios de salud mental y su acceso en las comunidades y escuelas
Aunque celebramos esta victoria en la reducción de la violencia con armas de fuego en nuestras comunidades, continuamos abogando por medidas comprobadas que no fueron abordadas por esta legislación, incluyendo la prohibición de las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Pedimos al nuevo Congreso que prosiga sus esfuerzos de prevención de la violencia armada, abordando específicamente la violencia provocada por el acceso de civiles a armas de guerra de tipo militar.
Políticas de la Administración sobre el trato a los inmigrantes
Continúan las acciones en torno a instar al gobierno de Biden reformas que permitan un proceso de asilo seguro y justo en la frontera. En mayo se puso fin a la orden sanitaria Título 42 (que prohibía la entrada de inmigrantes en el país) y se establecieron nuevos procedimientos para procesar a los inmigrantes procedentes de determinados países con los que Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas que permitan la deportación, entre ellos Cuba, Venezuela y Nicaragua. Otro nuevo procedimiento penaliza e impone una prohibición de cinco años a los migrantes que crucen entre puertos de entrada, y (de forma similar a la era Trump) exige a los migrantes que soliciten asilo en la frontera que demuestren que habían solicitado asilo en terceros países de camino a Estados Unidos.
Las acciones han conseguido instar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a que prorrogue el Estatus de Protección Temporal (TPS) para algunos países, pero se necesitan formas de protección más duraderas e inclusivas para quienes buscan refugio y establecen nuevas conexiones en Estados Unidos. Con Haití, el Departamento de Seguridad Nacional prorrogó y reasignó el Estatus de Protección Temporal para Haití, pero ha continuado los vuelos de deportación a Haití, incluso mientras el país se consumía en la violencia y el caos.
Protección de la inmigración y vía de acceso a la ciudadanía
Seguimos impulsando una legislación que proporcione protecciones permanentes para los inmigrantes —incluyendo una vía a la ciudadanía— para los beneficiarios de DACA (Soñadores), los trabajadores agrícolas, los trabajadores esenciales y otros con estatus temporal. A menudo se trata de esfuerzos legislativos parciales, ya que no se espera que se aborde una reforma integral de la inmigración en la actual sesión del Congreso. Sin embargo, las acciones de la Misericordia han sido importantes, aunque de naturaleza defensiva, para detener la legislación introducida por algunos legisladores que impulsan una agenda antiinmigración extrema, utilizando a los inmigrantes como peones para anotarse puntos políticos. Algunos de estos miembros del Congreso se esforzaron por codificar en leyes las expulsiones masivas (incluido el Título 42), pero hasta ahora estos esfuerzos han sido derrotados. Está pendiente de votación a finales de julio la Ley «Escuelas, no refugios», que prohíbe que determinadas instalaciones escolares que reciben financiación federal se utilicen para alojar a ningún migrante.
Gasto del Pentágono
En consonancia con el compromiso de la Misericordia con la no violencia, abogamos por recortar el excesivo gasto militar y redirigir los fondos a programas que aborden las mayores amenazas a nuestra seguridad: el cambio climático, la falta de vivienda y atención sanitaria asequibles, la opresión racial sistémica y la creciente desigualdad económica. Los responsables políticos debatieron enérgicamente los recortes a los programas de necesidades humanas para evitar el impago económico mediante el aumento del techo de la deuda a principios de esta primavera, pero en estos debates no se consideró la posibilidad de recortar el presupuesto del Pentágono, a pesar de los informes sobre los precios abusivos, la incapacidad del Pentágono para superar una auditoría y el hecho de que la mitad de su presupuesto se destina a contratistas privados de armamento.
A principios de julio, la Cámara de Representantes votó a favor de autorizar el presupuesto de 886.000 millones de dólares de la Administración Biden en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (National Defense Authorization Act o NDAA) para el año fiscal 2023, y se espera que el Senado aborde esta legislación a finales de julio, antes de su receso de agosto. Esta cantidad es 28.000 millones de dólares más que el presupuesto del año en curso y ni siquiera incluye la ayuda militar de emergencia a Ucrania.
Los activistas de la Misericordia se unieron a otros grupos pacifistas y de justicia social para pedir un recorte del 10% en el presupuesto del Pentágono y destinar los recursos a atender las necesidades humanas, una iniciativa presentada como enmienda a la NDAA y como proyecto de ley independiente: Ley «El pueblo sobre el Pentágono» (People Over Pentagon). Aunque se trata de un reto arduo, este esfuerzo anual para recortar el 10% funciona como estrategia para conseguir que más miembros del Congreso añadan sus nombres como copatrocinadores de las reivindicaciones de «El pueblo sobre el Pentágono», creando impulso para los debates de años sucesivos.
Reforma de la justicia penal
El Equipo de Justicia ha pedido la aprobación de la Ley RESTORE, que derogaría la prohibición de por vida de recibir ayuda alimentaria a las personas con condenas por delitos graves en su historial. El Equipo de Justicia también se ha unido a sus socios religiosos para abogar por el fin de la práctica del aislamiento en prisiones y centros de detención de inmigrantes, tanto a nivel federal como estatal..
Derechos humanos
El senador Bob Menendez, de Nueva Jersey, presentó la Ley Global Voices of Freedom, que exige que el gobierno de Estados Unidos y sus embajadas desempeñen un papel más fuerte y estratégico en el apoyo a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. El Equipo de Justicia seguirá esto con la esperanza de intensificar la respuesta de Estados Unidos a los abusos de los derechos humanos.