Por Maricela Estrada, asociada de Misericordia
El mes del Orgullo en Honduras, más allá de la celebración, sigue siendo un acto de resistencia, memoria y exigencia. La comunidad LGBTIQ+ continúa luchando por vivir con dignidad, libertad y sin miedo en un país que aún les debe justicia y reconocimiento pleno.
La violencia contra personas LGBTIQ+ es alarmante. Sólo en los primeros cinco meses de 2025, se han registrado al menos 11 muertes violentas, muchas de ellas contra mujeres trans y hombres gays jóvenes. Los crímenes, en su mayoría sin investigar, reflejan altos niveles de saña y odio. La impunidad en estos casos supera el 90%, según el Informe de monitoreo de violencia contra personas LGBTIQ+ (2009–2020) elaborado por la organización Cattrachas.
Es por esto que las marchas, actividades y campañas de sensibilización lideradas por organizaciones como Cattrachas, Arcoíris y Kukulcán aunque festivas y llenas de color, tienen un fuerte enfoque en la exigencia de derechos humanos, debido a la violencia y exclusión continua que enfrenta esta comunidad.
Las actividades del mes del orgullo incluyen desfiles en Tegucigalpa y San Pedro Sula, foros sobre derechos humanos, expresiones artísticas y acciones en redes sociales. Estas iniciativas buscan no sólo visibilizar la diversidad sexual y de género, sino también denunciar la falta de garantías y protección estatal.
Las principales demandas del movimiento son urgentes y claras: reconocimiento legal del matrimonio igualitario, una ley de identidad de género para personas trans, justicia ante los crímenes de odio, acceso equitativo a salud, educación y trabajo, y educación inclusiva sin discriminación. Estas peticiones se mantienen vigentes debido a las respuestas limitadas y, en muchos casos, meramente simbólicas del estado Hondureño.
Un hito relevante en esta lucha fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2022, que condenó al Estado hondureño por el asesinato de Vicky Hernández, una mujer trans asesinada en 2009. A pesar de que la Corte ordenó la creación de una ley de identidad de género, entre otras medidas; a mayo de 2025 aún no han sido implementadas. En abril, la Secretaría de Derechos Humanos anunció la conformación de una mesa técnica para dar seguimiento a esta sentencia, pero aún no se han concretado avances significativos.
Los discursos de odio en redes sociales y medios de comunicación, especialmente contra la educación inclusiva, persisten. Grupos conservadores y religiosos han presionado para frenar avances legislativos y campañas educativas, creando un entorno hostil para la comunidad.
Este clima de violencia y exclusión ha provocado un aumento de la migración forzada. Muchas personas LGBTIQ+, especialmente trans, están huyendo del país, solicitando asilo en Estados Unidos, México y Costa Rica.
A pesar del contexto adverso, los colectivos LGBTIQ+ mantienen una presencia activa. En junio de 2025 se convoca a una gran marcha nacional bajo el lema “Con orgullo y dignidad, exigimos justicia y derechos”. Además, se han lanzado campañas que visibilizan a sobrevivientes de crímenes de odio y a personas trans mayores, rescatando su testimonio y dignidad.
Dedico estas palabras a la comunidad LGBTQ+ hondureña, con profundo respeto, deseo de justicia y misericordia, por su derecho inalienable a vivir con dignidad, libertad y sin miedo. Que este texto sea un pequeño eco de su lucha, su resistencia y su esperanza.