Nuestra obra de la Misericordia consiste en atender las necesidades de los que sufren allí donde se encuentren: alimentar a hambrientos, acoger a las personas sin techo, visitar a enfermos y a encarcelados. Pero la Misericordia también exige que se preste atención al pecado estructural y a las causas profundas de la pobreza y la injusticia, incluso la defensa de mejores políticas y leyes para apoyar a los más vulnerables.
Temas legislativos prioritarios:
- Clima
- Derechos de voto
- Violencia armada
- Políticas de la Administración sobre el trato a los inmigrantes
- Protección de la inmigración y vía de acceso a la ciudadanía
- Gasto del Pentágono
- Reparaciones
- Medidas contra la pobreza
He aquí un resumen de la legislación y las acciones que el Equipo de Justicia de la Misericordia está observando actualmente y fomentando la defensa, en particular en torno a los Asuntos Críticos.
Clima
El presidente Biden firmó la Ley de Reducción de la Inflación el 16 de agosto de 2022. Se prevé que el proyecto de ley, que incluye $369,000 millones para disposiciones sobre el clima y la energía limpia, reduzca las emisiones de carbono de los EE. UU. en aproximadamente un 40% para el año 2030. El proyecto de ley es un paso importante para avanzar hacia una economía de energía renovable, pero carece de una verdadera justicia climática, con el apoyo a la perforación de petróleo y gas en alta mar y a la tecnología no probada de captura y almacenamiento de carbono que permite una contaminación continua que perjudica desproporcionadamente a las comunidades negras, morenas y de bajos ingresos. Afortunadamente, un acuerdo paralelo para acelerar la concesión de permisos para proyectos energéticos fue eliminado de la legislación que debe ser aprobada para financiar al gobierno federal, debido a la presión de las comunidades más amenazadas por esos proyectos y sus aliados.
El Equipo de Justicia apoya la detención de la deforestación a través de medidas tal como la Ley FOREST de 2021 que prohíbe las importaciones a los EE. UU. de bienes producidos mediante la deforestación ilegal. Además, estamos pidiendo la protección de las áreas naturales y las comunidades indígenas cuando se extraigan minerales fundamentales para la transición de energía renovable, así como alternativas a la minería, tales como la reutilización y el reciclaje de minerales.
Derechos de voto
El Senado de los EE.UU. no consiguió hacer avanzar la «Ley de libertad de voto John R. Lewis» en una serie de votaciones en 2022. En el paquete presupuestario federal de fin de año, el Congreso aprobó la Ley de Reforma del Recuento Electoral y Mejora de la Transición Presidencial, que establece salvaguardias fundamentales para proteger nuestra democracia, entre ellas aclarar que el vicepresidente desempeña un papel meramente ceremonial durante el recuento de los votos electorales.
Violencia armada
La Misericordia apoyó la recientemente aprobada legislación histórica destinada a la prevención de la violencia armada tras los tiroteos masivos en Búfalo y Uvalde. Este proyecto de ley ofrece intentos integrales de reforzar las leyes de armas del país en casi treinta años:
- fortalece la verificación de antecedentes de compradores de armas menores de 21 años
- proporciona $750 millones para ayudar a los estados a aplicar las leyes de Bandera Roja
- elimina el «vacío del novio» al desarmar abusadores, aunque no estén casados
- establece las primeras leyes federales contra el tráfico de armas a través de las fronteras estatales y las ventas con intermediario
- proporciona $250 millones para financiar programas de prevención de la violencia en la comunidad basados en evidencia
- amplía las medidas de seguridad escolar y los servicios de salud mental y su acceso en las comunidades y escuelas
Aunque celebramos esta victoria en la reducción de la violencia con armas de fuego en nuestras comunidades, continuamos abogando por medidas comprobadas que no fueron abordadas por esta legislación, incluyendo la prohibición de las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Pedimos al nuevo Congreso que prosiga sus esfuerzos de prevención de la violencia armada, abordando específicamente la violencia provocada por el acceso de civiles a armas de guerra de tipo militar.
Políticas de la Administración sobre el trato a los inmigrantes
La defensa continúa en torno a instar al gobierno de Biden a que reinicie un proceso de asilo seguro y justo en la frontera. Se puso fin al Orden de salud pública Título 42 (que prohibía la entrada de inmigrantes en el país), aunque un grupo de estados encabezados por Texas la ha impugnado ante los tribunales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prorrogó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para algunos países, pero lo que se necesita son formas de protección más duraderas e inclusivas para quienes buscan refugio y establecen nuevas conexiones en Estados Unidos. Con Haití, el DHS amplió y reasignó el TPS para Haití a principios de diciembre, sin embargo, el 12 de diciembre, deportó a 26 haitianos a un país consumido por la violencia y el caos.
Protección de la inmigración y vía de acceso a la ciudadanía
Seguimos impulsando una legislación que proporcione protecciones permanentes para los inmigrantes —incluyendo una vía a la ciudadanía— para los beneficiarios de DACA (Soñadores), los trabajadores agrícolas, los trabajadores esenciales y otros con estatus temporal. En esta sesión del Congreso no se ha aprobado ninguna ley de este tipo. Algunos legisladores están impulsando una agenda antiinmigración extrema, utilizando a los inmigrantes como peones para anotarse puntos políticos en lugar de trabajar para encontrar soluciones legislativas que protejan y capaciten a las familias inmigrantes trabajadoras.
Algunos de estos miembros del Congreso estaban realizando esfuerzos para codificar las expulsiones masivas (como el Título 42) en la ley, incluidas dos enmiendas al proyecto de ley Omnibus a mediados de diciembre. Ambas enmiendas fueron rechazadas el 22 de diciembre de 2022.
Gasto del Pentágono
En consonancia con el compromiso de la Misericordia con la no violencia, abogamos por recortar el gasto militar y redirigir los fondos a programas que aborden las mayores amenazas para nuestra seguridad: el cambio climático, la opresión racial sistémica actual, las enfermedades pandémicas y la creciente desigualdad económica. Sin embargo, el 15 de diciembre, el Senado estadounidense finalizó la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) autorizando 858.000 millones de dólares para el Pentágono en el año fiscal 2023, un aumento de 76.000 millones respecto al año fiscal 2022 (782.000 millones de dólares). El Congreso añadió 45.000 millones de dólares al presupuesto del Pentágono por encima incluso de lo solicitado por la administración Biden y el Departamento de Defensa para el año fiscal 2023, una enorme parte destinada a los contratistas militares privados. En comparación, el presupuesto del año fiscal 2023 para el Departamento de Estado es de 64.570 millones de dólares, que incluye la ayuda exterior; y la línea superior del Pentágono equivale a cuatro veces la totalidad del presupuesto de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos. Hay poca rendición de cuentas por este gasto masivo. A principios de este mes, los medios de comunicación informaron de que el Departamento de Defensa no superó su quinta auditoría consecutiva y no pudo rendir cuentas de la mitad de sus activos.
Reparaciones
Un proyecto de ley que crearía una comisión para estudiar y desarrollar propuestas de reparación a los afroamericanos (H.R. 40) nunca llegó a votarse en la Cámara de Representantes, a pesar de haber salido del comité.
Medidas contra la pobreza
En los últimos días del último periodo de sesiones, el Congreso mantuvo las políticas de la época de la pandemia que mantienen a muchos niños, madres y estadounidenses con bajos ingresos en Medicaid. Pero millones de personas podrían perder el acceso al programa de seguro médico financiado por el gobierno en primavera, cuando los estados podrán dar de baja a muchos beneficiarios que no alcancen los umbrales de ingresos anteriores. Medicaid y el Programa de Seguro Médico Infantil ofrecerán 12 meses de cobertura continua a los niños, proporcionando a 40 millones de niños un acceso ininterrumpido a la atención sanitaria durante todo el año. Además, la ley hace permanente la opción de que los estados ofrezcan 12 meses de cobertura posparto a las madres con bajos ingresos a través de Medicaid, en lugar de sólo 60 días. El Congreso no amplió el crédito fiscal por hijos. Una ampliación de este programa durante su apogeo había reducido drásticamente la pobreza infantil, pero el Congreso permitió que expirara a finales de 2021.